La Constituyente Obrera: ¿el nuevo rostro del control sindical en Venezuela?

 

En un acto público celebrado el 23 de octubre de 2025, Nicolás Maduro juramentó la denominada “Comisión Promotora de la Constituyente Obrera”, un mecanismo presentado como una apuesta de «refundación» del movimiento obrero en Venezuela.

 

Oficialmente, este proceso está concebido para alinear al sindicalismo con el proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI y con el Plan de la Patria, reforzando las “7 Grandes Transformaciones” impulsadas por Maduro.

Sin embargo, varias centrales sindicales independientes —y expertos en libertad laboral— han alertado que esta propuesta implica una profunda pérdida de autonomía sindical, ubicando al Estado como actor central en la organización, dirección y control de las agrupaciones de trabajadores.

Por lo que hemos podido relevar, éstos son algunos de los elementos conocidos del proceso, los cuestionamientos que ya se han hecho y sus implicaciones para la libertad sindical…

 

¿Qué se propone exactamente?

 

Hasta la fecha no se ha hecho público un texto definitivo de ley o reforma que sirva como marco normativo completo para esta “Constituyente Obrera”. La mayor parte de lo disponible son comunicados y declaraciones de dirigentes cercanos al poder.

 

Los elementos que sí han sido presentados incluyen:

La creación de una estructura organizativa que agrupe a los trabajadores del Estado, empresa privada y sectores comunales, con vistas a “una nueva fase del sindicalismo venezolano”.

La convocatoria de un congreso nacional de la clase obrera, con fechas proyectadas (14-16 de diciembre de 2025) como punto culminante del proceso.

 

Un discurso oficial que sitúa el proceso como necesario para “trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional” y transformarlo en movimientos obreros “más poderosos” alineados al proyecto revolucionario.

 

En la visión del oficialismo, la constituyente es vista como “algo superior a un congreso”, un instrumento para “construir el poder obrero” sobre la base del Estado comunal y el nuevo modelo productivo.

 

¿Por qué se califica de “antisindical”?

 

Varias organizaciones sindicales independientes han denunciado esta iniciativa como una maniobra que amenaza principios fundamentales del sindicalismo libre y autónomo.

 

Por lo que hemos podido conocer al respecto, estas son algunas de las objeciones centrales:

El hecho de que el Estado, a través del Ejecutivo, convoque y promueva un proceso que debería surgir de las bases obreras y sus propias organizaciones, se interpreta como una injerencia indebida. Como advierte la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), “ningún gobierno está habilitado legal ni moralmente para decidir cómo se organizan los trabajadores”.

 

El riesgo de que las nuevas estructuras sustituyan o marginen a sindicatos independientes, limitando su capacidad de elección libre de dirigentes, negociación colectiva y acción de huelga.

Diversos sindicalistas consultados advierten que el objetivo «es eliminar la libertad sindical y la negociación colectiva, ilegalizando al movimiento sindical independiente para imponer, finalmente, un sindicalismo único alineado con su proyecto político».

 

La centralidad del Estado como “patrón” y organizador del proceso es una señal que vulnera lo previsto en tratados internacionales ratificados por Venezuela, como el Convenio 87 de la OIT (libertad de asociación) y el Convenio 98 de la OIT (derecho a la negociación colectiva). La CUTV afirma que la propuesta “vulnera los principios del Convenio 87 de la OIT y el artículo 95 de la Constitución venezolana, que garantiza el derecho de los trabajadores a constituir libremente sus organizaciones sin intervención del Estado”.

 

¿Cuáles son los plazos y el proceso público conocido?

 

El cronograma público —aunque incompleto— permite establecer algunas etapas: el pasado 23 de octubre se llevó a cabo la juramentación de la Comisión Promotora para la “Constituyente Obrera”.

Ya el 31 de octubre un comunicado de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) anunció que “arranca en todo el país el proceso” con despliegues regionales.

Entre el 14 y el 16 de diciembre se anunció el Congreso Nacional de la Clase Obrera, según la CBST, para “consolidar” la iniciativa.

 

No obstante, aún no se ha divulgado públicamente un reglamento completo, un texto de reforma legal o una consulta amplia a las organizaciones de trabajadores independientes. Ese vacío es señalado como parte de la denuncia sobre la falta de transparencia del proceso.

 

Impacto previsto en libertades sindicales y autonomía de los trabajadores

 

El avance de este proceso plantea riesgos significativos para derechos consagrados tanto en la legislación venezolana como en los tratados internacionales.

 

En concreto: 

Una estructura sindical diseñada o supervisada por el Estado debilitará la autonomía organizativa de los trabajadores, al condicionar quién participa, cómo se elige y a qué agenda responde la organización.

Si se limita la negociación colectiva, la huelga y la elección libre de dirigentes, se afecta el propio goce del derecho al trabajo digno, la representación sindical y la igualdad de derechos asociativos.

 

El hecho de que el texto del proceso todavía no sea público y que las fases estén convocadas unilateralmente refuerza la percepción de que se trata de una iniciativa de control estructural, más que un diálogo democrático; en un contexto de abierto autoritarismo oficial. El objetivo gubernamental parece estar claro: bloquear cualquier protesta laboral contra el régimen y someter el movimiento obrero a su control.

 

En esta perspectiva, la oposición sindical no sólo denuncia un riesgo concreto para los trabajadores venezolanos, sino una señal para el sindicalismo latinoamericano sobre cómo los gobiernos pueden instrumentar mecanismos de formalismo participativo para neutralizar la autonomía sindical.

 

Voces del protagonismo sindical

 

En una entrevista al periodista Mario Villegas, el secretario general de la CUTV, Pedro Eusse, sostuvo que “lo que está haciendo este equipo de poder, liderado por Nicolás Maduro, es lo más grave que se ha vivido en muchos años en Venezuela… Es un fraude concebido para imponer una relación de subordinación total entre el gobierno y unas organizaciones sindicales que ya no representan a los trabajadores, sino a la élite que gobierna.”

 

La CUTV anunció que llevará la cuestión ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por presunta violación a los Convenios 87 y 98.

 

Desde el oficialismo, en una entrevista al dirigente de la CBST, se argumentó que la iniciativa “permite transformar el viejo sindicalismo arrastrado al capital… y alinear al movimiento de los trabajadores con las Siete Transformaciones y el Estado Comunal”, según reseña el portal Resumen Latinoamericano

 

¿Qué queda por aclarar?

 

El periodo en curso abre múltiples interrogantes que requieren atención:

• ¿Cuál será la estructura de elecciones de delegados, su normativa, financiamiento y garantías de pluralidad?
• ¿Cómo se vinculará legalmente esta constituyente con la actual Ley Orgánica del Trabajo y los convenios colectivos existentes?
• ¿Qué mecanismos habrá para impedir que sindicatos independientes sean desplazados o cooptados?
• ¿Cuál será el papel de la supervisión internacional (por ejemplo la OIT) y qué recuso tendrán las organizaciones que no acepten el nuevo esquema?
• ¿Qué impacto tendrá para los trabajadores concretos: salarios, prestaciones, negociación, representación real?

En suma, la “Constituyente Obrera” anunciada se presenta como una reforma estructural al sindicalismo, pero opera bajo condiciones que generan profundas dudas sobre sus intenciones democráticas.

 

Si bien la renovación del sindicalismo puede constituir una necesidad en contextos de crisis y declive organizativo, el hecho es que este proceso está siendo impulsado desde un poder político altamente cuestionado dentro y fuera de Venezuela, mientras que las bases de los trabajadores se encuentran vulneradas, amenazas o criminalizadas.

 

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han incluido en sus más recientes informes sobre Venezuela, la detención arbitraria y el uso de procesos penales contra opositores, activistas y sindicalistas como parte de un patrón más amplio de represión política.

 

Desde 2023 hasta 2025 se ha documentado un patrón sostenido de detenciones y hostigamiento contra dirigentes sindicales y trabajadores organizados, con oleadas puntuales tras reclamos salariales o movilizaciones. Organizaciones de derechos humanos y sindicatos internacionales han denunciado juicios con cargos penales graves y detenciones arbitrarias.

 

Entre 2024 y 2025 se registraron múltiples detenciones de sindicalistas en distintos estados y sectores (petróleo, salud, educación, municipalidades). Organismos locales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y centrales como la CUTV y otras coaliciones han reportado cifras que varían en cada ola: informes recientes citan al menos 15 dirigentes sindicales detenidos en episodios recientes y más de 100 trabajadores petroleros afectadas en operaciones de represión laboral.

 

El sindicalismo no es simplemente un actor más del Estado, sino una institución que ejerce contrapeso, representación e intermediación frente al empleador —en este caso el Estado mismo—. Cuando el empleador también controla la estructura de representación, se debilita el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y negociar con real independencia.

 

Para quienes investigan la materia, la pauta está clara: la transparencia del proceso, la participación auténtica de sindicatos independientes y la correspondencia entre discurso y hechos serán los indicadores que definirán si estamos ante una verdadera reforma o un nuevo mecanismo de subordinación.

 

En ese sentido, como advierte Pedro Eusse, “la clase obrera latinoamericana debe levantar su voz, porque lo que hoy ocurre en Venezuela puede replicarse en otros países si se normaliza este modelo de control político sobre el trabajo”.

Fuente:  

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Por Víctor M Rodríguez - @convmro

Periodista y Director del Podcast de ComPol & DDHH #EsLaHoraDeHablar

Coordinador General de la Coalición Digital por el Periodismo - siquesepuede@gmail.com